Informe económico

Luego del discurso del presidente Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1 de marzo de 2024, IARAF decidió analizar uno de los puntos del llamado “Pacto 25 de Mayo”, concretamente el que propone volver a un peso relativo del gasto consolidado (gasto público de nación más provincias y CABA más municipios) de un cuarto del PBI (25%).
El propósito central de este trabajo es analizar de manera integral la historia del gasto consolidado entre 1993 y 2023,  para luego mostrar cómo debería ser la estructura del gasto para lograr un nivel relativo de 25% del PBI. Para esto se usa al año 2004 como base, ya que, durante el periodo, es el único año cuyo gasto del 25,6% del PBI se acerca al propuesto.  
Según los niveles de gasto del gobierno nacional, de las Provincias y de CABA y de los municipios, el peso relativo del gasto consolidado del año 2023 sería de 39,5% del PBI. La estructura del gasto por nivel de gobierno permite afirmar que a la mitad del gasto la ejecutaba el gobierno nacional y a la otra mitad las provincias, CABA y los municipios. Concretamente, las provincias y CABA un 40% y los municipios un 9%.

Del análisis realizado surge que los distintos niveles de gobierno deberían disminuir la mayor parte de los distintos gastos, concretamente el 81% de los gastos, para lograr un gasto consolidado del 25% del PBI.
A continuación, se expone un ranking que ordena los diferentes gastos de acuerdo al descenso en términos reales necesario para lograr un gasto consolidado como el del año 2004.
Los tres gastos que deberían experimentar la mayor disminución real serían el gasto en déficit operativo de empresas públicas nacionales (con una reducción del 100%), seguido por el gasto en transferencias de capital desde los municipios (con una disminución del 86,4%), y la inversión real directa nacional (con una caída del 57,4%). En contraste, los tres gastos que necesitarían una menor variación serían el gasto en transferencias corrientes desde las provincias (con una mínima disminución del 2,3%), el gasto en intereses de deuda provincial (con un descenso del 9%), y el gasto provincial en bienes y servicios (con una reducción del 20,7%).