Informe económico

Luego de más 3 años de discusión entre el gobierno nacional y CABA por el coeficiente de distribución primaria de coparticipación de la Ciudad, recientemente llegaron a un nuevo acuerdo. La Nación se comprometió a entregarle de manera diaria el 2,95% de la masa coparticipable a la Ciudad, cumpliendo con la cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Es importante recordar que esta participación extra (del 1,4% al 2,95%) de CABA no altera la distribución de recursos de las 23 provincias, sino que implica una menor participación del gobierno nacional.
De acuerdo a estimaciones propias y considerando el impacto en la recaudación coparticipable de la reciente reforma del impuesto a las ganancias, entre agosto y diciembre del corriente año, CABA recibiría entre 0,073% y 0,081% del PBI, lo que en plata significa hablar de entre $450.000 millones a $500.000 millones. Este ingreso implicará un menor superávit fiscal nacional en la medida en que el gobierno nacional no obtenga un ingreso adicional o no reduzca otro gasto previsto en igual cantidad. Al anualizarlo, el monto puede elevarse hasta el 0,17% o 0,19% del PBI.
Para tener una idea de impacto relativo, es posible analizar este incremento de coparticipación a CABA respecto a la baja de gasto primario efectuada por el gobierno nacional en el primer semestre del año. En este ejercicio, en el primer semestre del año, el gobierno nacional  tendría que haber girado recursos a CABA por 0,073% del PBI, equivalentes a $450.000 millones. Estos recursos equivalen por ejemplo al 106% de la baja del gasto en programas sociales durante el primer semestre, al 151% de la baja del gasto en subsidios al transporte, al 145% de la baja en el gasto de masa salarial, al 122% de la baja en el gasto en bienes y servicios, al 51% de la baja en el gasto en transferencias corrientes a provincias y al 110% del gasto en transferencias a universidades. Respecto de la baja en el gasto primario, la mayor coparticipación a CABA implicaría un 5%.
El reclamo de CABA se aceleró con la eliminación de la posibilidad de seguir cobrando el impuesto a los ingresos brutos a los intereses de los pasivos remunerados. Si no se llegaba a un rápido acuerdo con el gobierno nacional, CABA debía subir o crear nuevos impuestos o bajar el nivel de gasto público. La base imponible de los intereses de los pasivos remunerados, en agosto ya no iba a estar disponible.