Dada la media sanción del proyecto de presupuesto nacional, surgió la cuestión del impacto fiscal de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Autoridades del gobierno nacional han manifestado que la vía para lograr su financiamiento va a ser la de la reducción de otros gastos.
Dado esto, resulta interesante analizar cuánto se deberían recortar ciertos gastos, si se quiere cumplir con ese objetivo. Obviamente, este análisis no implica una recomendación de política, sino simplemente un cálculo en base a un supuesto de que erogaciones como las de jubilaciones, asignación universal para protección social, transferencias a universidades, entre otras, no estarían sujetas a reducciones.  
El gasto clasificado como gasto primario inflexible pasaría de representar un 9,32% del PBI a un 9,82% del PBI, dado el agregado del impacto fiscal de las dos leyes.
Por otra parte, el gasto clasificado como Gasto primario flexible, debería reducirse desde el 5% del PBI al 4,5% del PBI. En un esquema de reducción proporcional, la masa salarial sería el rubro que más contribuiría, dada su participación en el gasto flexible total, con un aporte estimado de 0,19 puntos porcentuales del PBI. En segundo lugar, se ubicarían los programas sociales y los subsidios a la energía, con 0,07 p.p. del PBI de aporte cada uno, seguidos por los gastos en bienes y servicios, con 0,06 p.p. del PBI.
Finalmente, los subsidios al transporte, la inversión real directa y las transferencias corrientes aportarían cada uno alrededor de 0,03 p.p. del PBI, entre los componentes más relevantes.